1. Introducción.

Los estudios tradicionales sobre el derecho natural y la justicia se han visto eclipsados por el desarrollo de una concepción de la ciencia económica que, de manera torpe y mecanicista, ha pretendido aplicar al campo de las ciencias sociales una metodología que inicialmente se formó para las ciencias naturales y el mundo de la física. Según esta concepción, la característica “diferenciadora” de la teoría económica consistiría en la aplicación sistemática de un estrecho criterio de “racionalidad”, de manera que tanto la acción humana individual como la política económica a nivel general se considerarían determinadas por cálculos y valoraciones de costes y beneficios a través de un criterio de maximización que se suponía hacía posible “optimizar” la consecución de los fines perseguidos a partir de medios dados. De acuerdo con este enfoque, parecía evidente que las consideraciones relativas a los principios éticos como guías del comportamiento humano perdían relevancia y protagonismo. En efecto, parecía que se había logrado encontrar una guía universal del comportamiento humano que, en sus distintos niveles (individual y social), podría llevarse a cabo aplicando un simple criterio maximizador de las consecuencias beneficiosas derivadas de cada acción, sin necesidad, por lo tanto, de tener que adaptar comportamiento alguno a unas normas éticas prefijadas. La ciencia habría logrado de esta forma arrumbar y hacer obsoletas las consideraciones relacionadas con la justicia.


Jesús Huerta de Soto
Catedrático de Economía Política
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

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