6. Efectos de la crisis del paradigma Neoclásico-Keynesiano sobre la teoría económica del sector público y su nuevo programa de investigación 249

PRIMERA PARTE:
CONCEPTO Y MÉTODO

CAPÍTULO IV
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO

 

6. EFECTOS DE LA CRISIS DEL PARADIGMA NEOCLÁSICO-KEYNESIANO SOBRE LA TEORÍA ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO Y SU NUEVO PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

La crisis del paradigma neoclásico-keynesiano no puede dejar de afectar, indudablemente, a la forma de hacer y entender la Hacienda Pública en el futuro. Por un lado, los instrumentos analíticos que hasta ahora se han utilizado por el paradigma dominante están siendo cada vez más puestos en duda (76), y por otro lado, la mayor parte de las conclusiones normativas que se habían elaborado en el campo de la Hacienda Pública surgían, de manera directa, de la aplicación de los instrumentos y principios que hoy han entrado en crisis. Efectivamente, el edificio neoclásico está construido en base al supuesto de plena información, es decir, de que se conocen los fines y los medios (bien en términos ciertos o probabilísticos), así como el resto de la información necesaria para hacer evaluaciones en cuanto a los beneficios y costes de las diferentes alternativas. Además, se basa en un modelo, el de equilibrio general, en el que el ajuste y la coordinación es perfecto y en el que no se da entrada a la capacidad creativa del ser humano. Resulta sorprendente observar cómo los cultivadores de este paradigma se empeñan en enjuiciar el mundo económico real en base a un modelo imaginario que poco o nada tiene que ver con la realidad, pretendiéndose poner peros a la realidad por no coincidir con el modelo, en vez de hacer un necesario acto de humildad intelectual y al menos plantearse la posibilidad de que pudiera ser que el modelo neoclásico fuera inaplicable e irrelevante cara a enjuiciar el proceso real del mercado.

Y es que la realidad económica no es estática, sino que es esencialmente dinámica y se encuentra en un constante cambio. Sus protagonistas no son funciones ni sistemas de ecuaciones, sino seres humanos de carne y hueso, con una innata capacidad creativa para concebir o plantearse constantemente nuevos fines, tratando de descubrir y crear los medios a su alcance más adecuados para lograrlos. El proceso social está movido, por tanto, por esa capacidad empresarial entendida en su sentido más amplio (que ya estudiamos en el capítulo II de este Proyecto Docente) del ser humano, siempre alerta para descubrir y crear perspicazmente oportunidades de ganancia o beneficio subjetivo, actuando en consecuencia para aprovecharlas antes que nadie. Por eso hemos de ser especialmente críticos del denominado modelo de “competencia perfecta”, en el que múltiples oferentes hacen lo mismo y venden todos al mismo precio, es decir, en el que nadie compite. La competencia, por el contrario, entendida en su sentido real y dinámico es muy robusta y “eficiente”, en el sentido de que todo desajuste o descoordinación social crea ipso facto una oportunidad de ganancia o beneficio que actúa como incentivo para ser descubierta y eliminada. Por tanto, el acto empresarial puro es, por su propia naturaleza, coordinador, pues ajusta los planes descoordinados de los agentes sociales y pone en marcha un proceso por el que los seres humanos aprenden, sin darse cuenta, a disciplinar su comportamiento en función del de los demás.

En mi opinión, este es el criterio más relevante y operativo de “eficiencia” económica para enjuiciar un mercado real. Un sistema real será, por tanto, más eficiente conforme más libremente actúe la función empresarial buscando oportunidades de beneficio, descubriendo desajustes y actuando para aprovecharlos (es decir, eliminando el desajuste y coordinando el proceso social dinámico que jamás se detiene). El concepto estático de eficiencia paretiana utilizado a cada momento por los economistas neoclásicos del bienestar, es poco relevante pues exige para su manejo operativo un entorno estático y de información “dada” que nunca se da en la vida real (77). Ahora bien, podría argumentarse que la construcción de ese modelo ideal de equilibrio ofrece, al menos, una guía normativa de hacia dónde se debe ir, y que podría servir de orientación en la actividad intervencionista del gobierno. Sin embargo, los aspectos positivos y normativos de la teoría económica están muy relacionados entre sí. En efecto, una teoría positiva que no describa adecuadamente el funcionamiento de la realidad no puede dar lugar a prescripciones normativas adecuadas; y viceversa, un análisis enraizado en la realidad es la mejor garantía para obtener prescripciones normativas correctas. Por tanto, no debe exagerarse la distinción entre ambos puntos de vista, el positivo y el normativo, y así, aquéllos que pretenden utilizar en términos normativos el modelo de equilibrio general lo hacen porque precisamente suponen que tal modelo es, en términos “positivos”, una aceptable “descripción” del mercado. Sin embargo, existen muchos teóricos de la concepción subjetivista que consideran esencialmente irrelevante, por las razones ya explicadas con detalle en este Proyecto Docente, el modelo de equilibrio general como teoría descriptiva del mercado en términos estrictamente positivos. Y es que la teoría subjetivista de los procesos de mercado, desarrollada por la concepción dinámica de la economía expuesta en el Capítulo II, se basa en unos supuestos mucho menos restrictivos y más reales que los del modelo de equilibrio general, por lo que su capacidad explicativa es más amplia y potente en términos positivos y, desde el punto de vista normativo, supone una defensa distinta y mucho más certera y efectiva de la economía de mercado y de la “mano invisible” que la que propone la teoría basada en los modelos de equilibrio. Para los economistas de la concepción dinámica, los problemas de existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio general constituyen en el mejor de los casos un ejercicio intelectual poco relevante, pues el mundo real está mejor descrito en términos de la teoría dinámica de la función empresarial, y para fundamentar todo el análisis económico, basta con entender la fuerza coordinadora del acto empresarial puro. Y no sólo constituyen un ejercicio intelectual irrelevante, sino que éste es, además, científicamente arriesgado y peligroso, como lo ilustra el hecho de que el modelo del equilibrio general a menudo se utilice en términos normativos para justificar la coacción institucional del Estado sobre sus ciudadanos, la “ingeniería social” e incluso para fundamentar, como intentó Lange, el sistema de socialismo real.(78)

En suma, el paradigma neoclásico-walrasiano no es capaz de dar cuenta de los fenómenos económicos más relevantes del mundo exterior, dado lo restrictivo de sus supuestos, y además, ha recibido dos “proyectiles” teóricos en su propia línea de flotación (la teoría dinámica de los procesos sociales y el análisis de la Escuela de la Elección Pública sobre los fallos de la actividad gubernamental), todo lo cual, junto con el fracaso de los intentos de ingeniería social en los países del Este, y la crisis del Estado del Bienestar en los países de Occidente, está determinando que sea cada vez mayor el número de teóricos desconcertados que comienzan a desertar de sus filas, y los que aún no se han decidido a abandonar el barco están adoptando una estrategia cada vez más estrictamente defensiva del núcleo central del paradigma.

Se abre ahora, pues, la importante tarea de reconstruir el análisis de la Actividad Financiera en base a la concepción subjetivista que con detalle hemos explicado en el Capítulo II de este Proyecto Docente en el que expusimos los fundamentos de la concepción dinámica del mercado. Ésta se basa, como ya sabemos, en una concepción del subjetivismo que es preciso separar y deshomogeneizar de la interpretación más cientificista de la teoría subjetiva del valor y de la ley de la utilidad marginal que desarrollaron Jevons y Walras, y que terminó influyendo incluso a ciertos teóricos relacionados con la propia Escuela Austriaca que, como Wieser y Emile Sax, tuvieron un papel importante en la evolución de la Hacienda Pública. A continuación vamos a enumerar las diferentes áreas que, en nuestra opinión, podrían reelaborarse a la luz del subjetivismo en el campo de la Hacienda Pública, y que esperamos recibirán un fuerte impulso renovador si se reconstruye su contenido en base al nuevo punto de vista que proponemos.

La teoría de los “fallos” del mercado

Así, en primer lugar, es preciso reelaborar la teoría sobre los denominados “fallos del mercado”, que ha sido realizada por los especialistas en la denominada “economía del bienestar”. En efecto, éstos califican de “fallo” todo aquello que observan en la realidad y parece que no encaja en su modelo de equilibrio. Sin embargo, estos autores suelen pasar por alto, por ejemplo, que en términos dinámicos, y en ausencia de intervenciones coactivas de tipo estatal, los tan temidos “fallos” normalmente no son tales, sino que constituyen el muy beneficioso resultado de actos empresariales de creación que, de no haberse producido, habrían privado a la sociedad de bienes y servicios de gran valor. Es decir, lo importante, dado que el mundo real se encuentra en un continuo desequilibrio, es si existe o no un proceso o tendencia coordinadora que lleve hacia cotas mayores de crecimiento y ajuste social. Para analizar este proceso es preciso utilizar una teoría interpretativa de tipo dinámico basada en la empresarialidad, y evitar caer en la paradoja de justificar medidas de intervencionismo económico para aproximar la realidad al modelo “ideal” de equilibrio general que, por basarse en la coacción y obstaculizar en mayor o menor grado el libre ejercicio de la función empresarial, podrían dificultar e incluso eliminar por completo el delicado proceso espontáneo de ajuste empresarial que continuamente se da en la sociedad. Éste es el gran peligro de la teoría neoclásica de los fallos de mercado: identificar unos supuestos “fallos” por comparación con un modelo que poco o nada tiene que ver con la realidad y que se utiliza para justificar la coacción institucional del Estado en perjuicio de los procesos de coordinación que hacen que el mundo económico, constantemente fuera del equilibrio, tienda hacia el equilibrio.

El monopolio

Aquí no nos es posible referirnos, con detalle a todo el análisis de los fallos del mercado realizado por el paradigma neoclásico (79). Ahora, y por vía de ejemplo, podemos mencionar a alguno de los casos más estudiados, como puede ser el del monopolio que, entendido en términos estáticos como la existencia en el mercado de un único oferente, se considera que perjudica a la sociedad por su capacidad para fijar unos precios superiores a los costes marginales. No se tiene en cuenta en este análisis que el monopolio puede ser el resultado de un proceso empresarial de creación y descubrimiento de nuevos bienes y servicios, que si se hubiera impedido por la fuerza, hubiera privado a la sociedad de bienes y servicios de gran valor. Y es que lo importante no es si, en términos estáticos, en un sector determinado parece existir una única empresa oferente, sino si existe un proceso social de rivalidad y competencia en el que todos los empresarios puedan acceder libres de trabas legales o institucionales a cualquier sector industrial y competir con plena libertad. Es decir, hay que reconstruir la teoría del monopolio, centrando su análisis y atención en la existencia o no de coacción gubernamental que impida o dificulte el acceso o libre ejercicio de la función empresarial en cualquier parcela de la vida social.

Externalidades negativas

Algo muy parecido sucede con los denominados efectos externos positivos y negativos. En relación con los efectos externos negativos, es claro que los mismos se producen, no como resultado de un fallo del mercado, sino precisamente porque no se permite que el mercado y las instituciones jurídicas que le son propias se extiendan a todas las áreas de la sociedad. En efecto, siempre que no se definen o defienden adecuadamente los derechos de propiedad sobre determinados recursos, los agentes económicos no son capaces de considerar los costes en los que incurren en relación con los mismos, y se producen ineludiblemente efectos negativos externos. La solución, por tanto, a este problema, que sería en todo caso un fallo de la organización estatal encargada de la definición y defensa de derechos de propiedad y no del propio mercado, consiste en extender adecuadamente los derechos de propiedad a las áreas afectadas, permitiéndose que el proceso empresarial actúe libre de trabas para descubrir las innovaciones tecnológicas, jurídicas e institucionales necesarias para hacer posible la definición y defensa de derechos de propiedad incluso en aquellas parcelas sociales en las que hoy, por una u otra causa, tal definición y defensa parezca más difícil (80).

Teoría de los bienes públicos

Distinto es el caso de los llamados efectos externos positivos o beneficios externos que, de acuerdo con el análisis estático del paradigma neoclásico, surgen siempre que existe una situación en la que no se da rivalidad en el consumo, la oferta es conjunta y no es posible excluir a los free riders o “usuarios gratuitos”. En suma, es el caso típico de los denominados “bienes públicos” que, según el paradigma neoclásico, constituyen la fundamentación teórica por antonomasia de la existencia del Estado. Por ello, si fuera posible demostrar teóricamente que el análisis neoclásico sobre la existencia y el tratamiento de los bienes públicos es en algún sentido erróneo, podría incluso llegarse a la conclusión de que la existencia y necesidad del Estado carece de justificación teórica. Pues bien, la concepción subjetivista da pie a todo un revolucionario análisis de los bienes públicos. Y es que, en primer lugar, y aun admitiendo a efectos dialécticos que en alguna situación histórica concreta, parezca darse la no rivalidad en el consumo y la imposibilidad de exclusión de los free riders, ello no es una justificación prima facie para que el Estado intervenga financiando con cargo a impuestos un nivel prefijado de oferta del bien público en cuestión, si es que se puede demostrar que es imposible que los organismos públicos correspondientes se hagan con la información necesaria para proporcionar dicho bien sin incurrir en unos costes superiores a sus supuestos beneficios. El análisis crítico del socialismo que debemos a la concepción dinámica del mercado ha puesto de manifiesto que, por razones de volumen de la información necesaria, por el carácter subjetivo, disperso y tácito de la misma, y sobre todo por los efectos perversos que sobre la creación de información tiene la coacción institucional sobre la función empresarial, no es posible que el Estado pueda hacerse con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos ni que proporcione bienes públicos de forma no arbitraria y sin incurrir en costes superiores a los beneficios derivados del bien (81).

En segundo lugar, es preciso considerar que la intervención gubernamental, incluso desde el propio punto de vista del paradigma neoclásico, da lugar a problemas de bien público aún más graves que aquéllos que previamente se querían solucionar. En efecto, la Escuela de la Elección Pública, en su análisis de los fallos de la actividad gubernamental, pone de manifiesto que el sistema democrático posee importantes insuficiencias como procedimiento para revelar las preferencias sociales, dando lugar, en concreto, a un agudo problema de bien público que parece no tener fácil solución. Y es que, como ya hemos indicado, si cada votante que se moleste en estudiar todos los aspectos relevantes en relación con cada una de las decisiones que se sometan a votación internaliza completamente los costes de su acción, mientras que el beneficio queda diluido automáticamente entre millones de conciudadanos, es claro que su interés tenderá a inhibirse del estudio racional de las correspondientes alternativas, puesto que en todo caso su esfuerzo beneficiará sin posibilidad de exclusión a millones de conciudadanos, suponiendo un coste exclusivo y relativamente alto sólo para él. ¿Cómo puede solucionarse este problema de bien público aparentemente insoluble que crea el sistema democrático? ¿Obligando por la fuerza a que todos estudien los temas que son objeto de debate democrático? ¿Exigiendo la unanimidad en todos las decisiones políticas? ¿Abandonando la democracia y justificando una dictadura? Hasta ahora, no se ha encontrado una respuesta satisfactoria a este problema.

Pero es que, además, y en tercer lugar, ya hemos mencionado cómo Anthony de Jasay ha estudiado con detalle de qué manera la intervención que es propia del Estado del Bienestar ha creado un vasto problema de free riders que no se había previsto.(82) Y es que los seres humanos pronto empiezan a creer que logran mejor sus fines si, en vez de dedicar su esfuerzo, ingenio y actividad a satisfacer los deseos ajenos a través del mercado, los dirigen a tratar de obtener privilegios, subvenciones y ayudas por parte del Estado. Se produce, de esta manera, una tendencia generalizada a tratar de obtener prebendas de la Administración, lo cual da lugar a un crecimiento en espiral de los gastos, a una disminución de la eficiencia productiva, y a una crisis del Estado del Bienestar sistemática y generalizada, que tendremos la oportunidad de comentar con algún detalle más adelante.

Sin embargo, parece que el argumento analítico más importante en contra del concepto de bien público viene dado precisamente por la concepción dinámica. Y es que la definición teórica de bien público hasta ahora siempre se ha efectuado en los términos estrictamente estáticos y de equilibrio del paradigma neoclásico, es decir, como si las circunstancias de no rivalidad en el consumo e imposibilidad de exclusión de los free riders fueran algo “dado” que no pudiera modificarse o cambiarse a lo largo del propio proceso espontáneo de evolución del mercado y que, como sabemos, es continuamente impulsado y movido por la fuerza creativa de la función empresarial. Sin embargo, concibiendo el mercado y la sociedad en términos dinámicos, es claro que toda aparente situación de bien público, estáticamente considerada, crea unos incentivos para que la capacidad empresarial descubra las innovaciones tecnológicas, jurídicas e institucionales que sean precisas para permitir la exclusión de los free riders. Efectivamente, graves problemas de exclusión de free riders se daban, por ejemplo, en el lejano oeste americano, cuando no era posible definir ni defender adecuadamente los derechos de propiedad sobre la tierra ni asignarlos pacíficamente entre sus diferentes usos (pastizales, ganado vacuno, ganado ovino, agricultura, etc.), lo cual daba lugar a continuos roces y conflictos con los que todos nos hemos familiarizado a través del cine y las novelas. Sin embargo, esos mismos conflictos hicieron que los incentivos empresariales para descubrir procedimientos cada vez más efectivos para excluir a los free riders fueran concebidos por el ingenio empresarial de los seres humanos, hasta que los empresarios introdujeron descubrimientos que terminaron solucionando definitivamente el problema planteado: tal fue el caso del alambre de espino que, por primera vez, permitió separar y definir la propiedad de extensísimas áreas de tierra a costes muy razonables.(83) Si el Estado hubiera intervenido coactivamente estatalizando los correspondientes recursos, regulando administrativamente sus distintos usos e impidiendo el libre ejercicio de la función empresarial para descubrir y probar nuevos procedimientos de definición y defensa de derechos de propiedad, los correspondientes descubrimientos técnicos e institucionales no se habrían llevado a cabo, con lo cual, y muy paradójicamente, la “situación” de bien público se habría mantenido inalterada hasta hoy. Por eso, en otro lugar, he propuesto que cuando parezca que no haya más remedio que el Estado intervenga por existir una situación de bien público, tal intervención siempre ha de realizarse con carácter subsidiario, conforme al mercado, y garantizando la libertad para que se definan y defiendan creativamente de nuevas maneras los derechos de propiedad por parte de los empresarios.(84) Y lo mismo que sucede en relación con estos recursos, ocurre con respecto a cualesquiera otros que incluso hoy en día están dejando de ser recursos libres para pasar a ser recursos relativamente escasos exigiendo, por tanto, para su adecuada asignación económica, que dejen de ser considerados como bienes de dominio “público” y pasen a ser jurídicamente definidos como bienes privados.

En suma, podemos concluir que, desde el punto de vista dinámico, el conjunto de bienes públicos definidos en los términos estrictamente estáticos del paradigma neoclásico, tiende a hacerse vacío gracias a la capacidad creativa y coordinadora de la función empresarial, por lo que desaparecería uno de los argumentos más manidos para justificar la intervención gubernamental.(85)

El modelo anarcocapitalista

Las anteriores consideraciones han hecho que se iniciara, dentro del campo subjetivista, toda una nueva corriente de pensamiento, relacionada con la reflexión teórica en torno a la justificación y necesidad del Estado. Estos trabajos, en los que ahora no nos podemos extender, están creando todo un análisis económico sobre las posibilidades de un sistema “anarcocapitalista”, en el que el Estado y sus funciones serían sustituidos completamente por los procesos espontáneos del mercado y en el que los derechos de propiedad serían también definidos y defendidos a través de sistemas privados. Así, para Murray N. Rothbard, las actuales funciones del Estado se dividen en dos: aquéllas que es preciso eliminar, y aquéllas que es preciso privatizar (86). Y en el mismo sentido, se manifiesta el profesor David Friedman, autor neoclásico que, sin embargo, defiende los postulados anarcocapitalistas de Rothbard.(87) También en esta misma línea es notable el trabajo de Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (88), en donde se defiende un modelo semejante al de los dos teóricos anteriores, aunque cree que la propia evolución espontánea del mercado llevaría a un acuerdo privado entre las distintas agencias privadas patrocinadoras de diferentes sistemas jurídicos y de defensa de los correspondientes derechos de propiedad, acuerdo que él considera supondría de facto un renacimiento espontáneo del Estado, si bien su ámbito de actuación sería mínimo en comparación con el de los estados actuales.

Estos autores llevan hasta sus últimas consecuencias lógicas el posicionamiento subjetivista de los padres de la moderna Escuela Austriaca, Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek que son defensores, en todo caso, de un Estado mínimo que se dedique tan sólo a la correcta definición y adecuada defensa de los correspondientes derechos de propiedad.(89) Además, en esta corriente de pensamiento dedicada a reconsiderar las funciones del Estado, los economistas de la concepción dinámica del mercado han encontrado unos fieles aliados en los cultivadores de la Escuela de la Elección Pública: existe una buena complementariedad entre los análisis de unos y otros, estando centrado el de los primeros en un estudio positivo que muestra las insuficiencias de la teoría de los fallos del mercado, y siendo la base del paradigma de la Escuela de la Elección Pública el argumentar que, en todo caso, los fallos de la actividad gubernamental son aún más graves.(90)

Teoría de la imposición

Otra área de la Hacienda Pública que puede enriquecerse sobre la base de las aportaciones de la escuela subjetivista es la de la teoría de los impuestos. Como sabemos, de acuerdo con el enfoque dinámico, la tendencia coordinadora esencial que hace posible la vida en sociedad viene determinada por la capacidad empresarial de todo ser humano para apreciar las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia para aprovecharlas. Si esto es así, es claro que todo sistema impositivo que incida directamente sobre los beneficios empresariales puros tenderá a dificultar el proceso coordinador y de ajuste de la sociedad, en perjuicio del desarrollo de la civilización. Parece, por tanto, que los impuestos deberían incidir sobre otras fuentes de renta (como son los salarios, las rentas del capital, las rentas de la tierra), pero no sobre los beneficios empresariales puros que son las señales básicas que orientan, dirigen e impulsan todo el proceso de mercado. Un sistema impositivo que grave los beneficios empresariales puros tenderá en mayor o menor medida a distorsionar las señales que son más esenciales para la vida en sociedad. Sin embargo, se plantea el problema de que, en la vida real, los beneficios empresariales aparecen indisolublemente mezclados junto con otras fuentes de renta, a menudo de manera confusa y sin que sea fácil aislarlos claramente. Se abre así un importante campo de investigación para la Hacienda Pública que ha de tratar de conseguir el ideal de no perjudicar a las señales que constituyen los beneficios empresariales. Se trata, por tanto, de conseguir el objetivo ideal de diseñar un impuesto neutral desde el punto de vista de los procesos de coordinación que son movidos por la empresarialidad en el mercado, impuesto neutral que, de acuerdo con Mises, se conseguiría con más aproximación mediante un impuesto proporcional sobre la renta o, incluso aún mejor, mediante un impuesto a tanto alzado de capitación (poll tax) que gravase a cada uno de los ciudadanos, de manera similar a cómo se pagan las cuotas en los clubs privados.(91)

Muy relacionado con el problema anterior se encuentra la necesidad de cuestionar los principios tradicionales del sistema impositivo, y en concreto el principio de la capacidad de pago y el principio según el cual los impuestos han de ser pagados con tanta facilidad y comodidad como sea posible, de manera que los contribuyentes deban sentir y darse cuenta cuanto menos mejor de los impuestos que están pagando. De acuerdo con el paradigma subjetivista, el principio fiscal debería ser el contrario, a saber: los ciudadanos deberían ser tan conscientes como fuera posible de la cuantía y costes que para ellos tienen los impuestos que pagan, precisamente con la finalidad de que tengan en todo momento el incentivo adecuado para controlar y limitar la acción de sus representantes políticos. En este sentido, también se ha sometido a crítica el principio de capacidad de pago, no sólo por los efectos negativos que tiene sobre la función empresarial, sino también porque da pie a la explotación demagógica por parte de los políticos de amplias capas de la población que pueden así llegar a pensar erróneamente que los impuestos son pagados por “otros”, con más capacidad de pago, y no por ellos mismos. Además, este enfoque ha estudiado de qué manera el propio éxito de la Hacienda Pública tradicional a la hora de suavizar la impresión del verdadero coste de los impuestos a la ciudadanía, ha facilitado el surgimiento, la duración y la gravedad de muchos conflictos bélicos, cuyo coste real habría debido llevar a tiempo a su interrupción forzada por una ciudadanía más consciente en sus propias carnes del verdadero sufrimiento derivado de los mismos.

Teoría de la justicia

Otra área en la que se han desarrollado importantes esfuerzos es la del análisis del concepto e implicaciones de la llamada “justicia social”. Para Hayek, el paradigma neoclásico, que se basa en una concepción estática del universo social, casi inevitablemente da lugar a que se respalde un concepto de justicia basado en la apreciación de la igualdad en los resultados y que lleva a considerar como “injustos” determinados resultados, con independencia de que los agentes implicados se hayan comportado o no justamente desde el punto de vista del derecho tradicional a lo largo del proceso social que lleva a los mismos. Por el contrario, desde una concepción dinámica basada en la empresarialidad, lo importante no son los resultados aparentes en cada momento arbitrariamente seleccionado de la historia, sino si, a lo largo del proceso del mercado, los partícipes se ajustan o no a un marco de reglas pautadas de comportamiento, normas abstractas en sentido material, que han de ser iguales para todos y que no tienen en consideración diferencia ni circunstancia particular alguna. Desde la concepción tradicional del derecho y de estas normas en sentido material nada parece, por tanto, más injusto que el concepto de “justicia social”, que puede utilizarse para justificar la coacción institucional en contra de determinados agentes, con independencia de que los mismos se hayan comportado o no justamente a lo largo del proceso social.(92)

El Estado del Bienestar: la Seguridad Social, la privatización del Sector Público y la problemática de la deuda pública

Finalmente, otra corriente de pensamiento desarrollada por la concepción dinámica en el campo de la Actividad Financiera es la relativa al análisis y diagnóstico de los problemas que aquejan al Estado del Bienestar, estudiando posibles bases para la reforma del mismo. En efecto, por un lado, se ha puesto de manifiesto que gran parte del análisis subjetivista sobre la imposibilidad del socialismo real era extrapolable a las medidas de intervencionismo (piecemeal social engineering) que se toman en los países occidentales de economía mixta. Y es que son las mismas razones que explican la imposibilidad de que el órgano de planificación dé contenido coordinador a sus mandatos, las que motivan que se produzcan desajustes y descoordinaciones en las áreas específicas en las que el gobierno interviene en una economía mixta. Además de las descoordinaciones sistemáticas de tipo intra e intertemporal, hay que tener en cuenta todos los efectos estudiados de generación de comportamientos perversos de tipo sistemático a nivel de los agentes económicos (especialmente de los que se aprovechan de las rentas provenientes del gobierno y de los funcionarios, votantes y políticos) y que resultan de la presencia de la actividad gubernamental. Todo esto ha dado lugar a una extensa literatura crítica sobre el Estado del Bienestar, que no se circunscribe exclusivamente a los teóricos de la concepción dinámica, sino que también ha sido desarrollada por otros teóricos fronterizos relacionados o no con la Escuela de la Elección Pública.(93)

Aunque no es posible reproducir aquí el contenido específico de los estudios teóricos sobre la crisis del Estado del Bienestar, podemos referirnos, por vía de ejemplo, a dos áreas concretas cuyo desarrollo teórico parece muy prometedor. Así, en primer lugar, podemos comentar el análisis sobre la crisis y reforma de la Seguridad Social que evite los difíciles problemas técnicos y éticos que hoy se han planteado en relación con la misma.(94)

Muy relacionada con el análisis crítico del Estado del Bienestar destaca, en segundo lugar, la teoría sobre la privatización de las empresas y servicios públicos que ha dado lugar a una muy prolífica literatura.(95) Esta teoría sobre las privatizaciones se generalizaría y se convertiría en una teoría sobre la transición del socialismo hacia la economía de mercado, de la que actualmente tan necesitados se encuentran en la práctica tanto los países del Este como los diferentes estados que han sucedido a la extinta Unión Soviética.

Por último, otro fértil campo de investigación ha surgido en relación con el análisis de los efectos de la financiación del déficit mediante la emisión de deuda pública. Aquí, no sólo destacan los trabajos críticos de la ortodoxia neoclásico-keynesiana de James Buchanan,(96) sino también las consideraciones realizadas por Ludwig von Mises para el cual, si los recursos que el gobierno obtiene mediante la emisión de deuda pública se dilapidan en gastos corrientes, la capacidad de ahorro y el capital de la sociedad se eliminan en el mismo importe, con lo cual se disminuye el ritmo de desarrollo económico e incluso podría llegar a ponerse en peligro el nivel de vida alcanzado.(97) El recurso a la deuda pública es además condenable, no sólo cuando se utiliza para financiar gastos corrientes, sino como procedimiento de ocultación a los ciudadanos de los verdaderos costes de las políticas gubernamentales, y que permite que los políticos actúen de forma menos responsable en relación con las decisiones que toman.


Jesús Huerta de Soto
Catedrático de Economía Política
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

“Sólo podrá reproducirse total o parcialmente el contenido de este trabajo citando expresamente a su autor y al medio en donde fue originalmente publicado (indicado, en su caso, en la sección de bibliografía del Curriculum vitae). A quienes incumplan esta condición les serán aplicados las leyes civiles y penales que correspondan, a parte de las procedentes indemnizaciones por daños y perjuicios”.

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(76)Recuérdense aparte de los teóricos de la Escuela Austriaca, los casos ya mencionados (nota nº 71 de la p. 106) de Mark Blaug y J.E. Stiglitz.

(77)Véase Jesús Huerta de Soto, “La Crisis del Paradigma Walrasiano”, en Estudios de Economía Política, cap. 2, Unión Editorial, Madrid, 1994. Y también las críticas a los teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar vertidas por J.E. Stiglitz en su Whither Socialism?, The MIT Press, 1994, caps. 3 y 4.

(78)Ésta es, por ejemplo, la opinión de Stiglitz, para el cual “had the neoclassical model provided a good description of the market econonomy, market socialism would have had a much better running chance of success. But price-taking behavior is a pale reflection of the true meaning of competition in a market economy. It is perhaps ironic that this should turn out to be one of the key sources of failure of market socialism”. J.E. Stiglitz, Whither Socialism?, The MIT Press, 1994, p. 137.

(79)Hasta ahora este análisis tradicionalmente se incluía en los capítulos introductorios de los diferentes libros de texto de Hacienda Pública, pudiendo mencionarse, por vía de ejemplo, no sólo el que efectúa Fuentes Quintana en su ob. cit., cap. 3, pp. 57-83, sino también el que realiza F. Mochón, bajo el ilustrativo encabezamiento de “El Equilibrio Competitivo y los Fallos de Mercado”, Economía: Teoría y Política, 2ª edición, McGraw-Hill, Madrid, 1991, cap. 12.

(80)Éste es, por ejemplo, el enfoque seguido en el libro de Terry L. Anderson y Donald R. Leal Ecología de Mercado, Unión Editorial, Madrid, 1993, en cuyo Prólogo pretendo aplicar el análisis subjetivista de la función empresarial al área de la ecología. Anderson y Leal mencionan al alambre de espino como ejemplo de una innovación empresarial que permitió definir y defender derechos de propiedad sobre amplias extensiones de tierra del lejano oeste, eliminándose así el carácter de “bien público” que, según la estrecha concepción estática, los mismos aparentemente tenían hasta que se produjo esta importante innovación empresarial.

(81)Jesús Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, ob. cit., caps. III-VII.

(82)Anthony de Jasay, Social Contract, Free Ride, Clarendon Press, Oxford, 1985.

(83)Incluso en aquellas áreas en las que hasta ahora parecía que la situación de bien público era técnicamente insoluble, como, por ejemplo, la de los faros que ayudan a la navegación marítima, hoy, y gracias a la creatividad empresarial, éstos están siendo sustituidos por sistemas de navegación por satélite que solucionan los problemas de exclusión de free riders. Y ello sin necesidad de argumentar, con Coase, que los faros tradicionales también podían funcionar, como la experiencia histórica demuestra, siendo completamente privados. Véase Ronald H. Coase, “El Faro en Economía”, en La Empresa, el Mercado y la Ley, Alianza Editorial, Madrid, 1994, cap. 8, pp. 187-207.

(84)Jesús Huerta de Soto, “Derechos de Propiedad y Gestión Privada de los Recursos de la Naturaleza”, en Estudios de Economía Política, Unión Editorial, Madrid, 1994, pp. 248-249.

(85)Un excelente análisis crítico de la teoría de los fallos del mercado es el de Tyler Cowen, Public Goods and Market Failures, Transaction Publishers, New Brunswick, Nueva Jersey, 1992, siendo igualmente de interés los artículos que comentan el libro de Cowen publicados por Harold Demsetz, David Miller, Hal R. Varian y David Schmidtz en el nº 4 del volumen 7 dedicado al Welfare State de la revista Critical Review, otoño de 1993, pp. 505-566.

(86)Murray N. Rothbard, Man, Economy and State: A Treatise on Economic Principles, 2 volúmenes, Nash Publishing, Los Angeles, 1970; y Power and Market: Government and the Economy, Institute of Humane Studies, Menlo Park, California, 2ª edición, 1970.

(87)David Friedman, The Machinery of Freedom, Open Court, Illinois, 2ª edición, 1992.

(88)Robert A. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, Nueva York, 1974; existe una traducción al castellano de Rolando Tamayo, publicada con el título de Anarquía, Estado y Utopia por el Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1988.

(89)Curiosa es, en este sentido, la evolución de F.A. Hayek, que de defender un ámbito para la intervención gubernamental bastante amplio en su obra sobre Los Fundamentos de la Libertad, originariamente publicada en 1959 (The Constitution of Liberty, Routledge, Londres, 1959; traducido al castellano por José Vicente Torrente, y publicado por Unión Editorial, Madrid, 5ª edición, 1993) pasó a considerar un ámbito cada vez más reducido en sus trabajos subsiguientes y, sobre todo, especialmente a partir de la obtención del Premio Nobel de Economía en 1974, año en el que incluso llegó a defender la desnacionalización del dinero (Denationalization of Money: The Argument Refined, 2ª edición ampliada, Institute of Economic Affairs, Londres, 1978; existe una traducción de Carmen Liaño publicada con el título La Desnacionalización del Dinero, Unión Editorial, Madrid, 1983). Preguntado por esta evolución, Hayek me aclaró personalmente que, en los años sesenta, tenía grandes dificultades para ser escuchado en la comunidad científica por lo que, de haber mantenido como Mises posiciones más coherentes, tenía el temor de perder completamente su capacidad para influir en sus colegas de la comunidad científica.

(90)Aunque los economistas subjetivistas tampoco renuncian a que se introduzca el “oxígeno” del subjetivismo también en los análisis de la Escuela de la Elección Pública, a menudo todavía demasiado imbuidos por la metodología neoclásica. Véase en este sentido el artículo de Thomas J. Di Lorenzo, “Competition and Political Entrepreneurship: Austrian Insights into Public Choice Theory”, publicado en The Review of Austrian Economics, editado por Murray N. Rothbard and Walter Block, volumen 2, Lexington Books, Lexington, 1988, pp. 59-71.

(91)La bibliografía sobre este tema es bastante abundante, debiéndose mencionar, en el campo austriaco, el trabajo de Israel M. Kirzner, “Taxes and Discovery: The Entrepreneurial Perspective”, en Discovery and the Capitalist Process, The University of Chicago Press, Chicago, 1984, pp. 93-118. En cuanto a las aportaciones de Mises al respecto, se encuentran en su obra Human Action, ob. cit., capítulo XXXVIII, pp. 737-742.

(92)Véase Friedrich A. Hayek, El Espejismo de la Justicia Social, volumen II de Derecho, Legislación y Libertad, Unión Editorial, Madrid, 1985. Y también el libro sobre justicia distributiva de Israel M. Kirzner titulado Discovery, Capitalism and Distributive Justice, Basil Blackwell, Oxford, 1989 (traducción española de Enrique Basáñez, Unión Editorial, Madrid, 1995), en el que se argumenta que el concepto de “justicia social” se basa en la concepción neoclásica del equilibrio en el que se supone que todos los recursos están “dados”, por lo que el problema ético consiste simplemente en cómo distribuirlos de forma igualitaria. Esta concepción pierde gran parte de su lógica y atractivo si se considera la sociedad como un proceso dinámico de expansión creativa y coordinación, en el que todo ser humano posee el evidente derecho a apropiarse de los resultados de su propia creatividad empresarial.

(93)Véase, en este sentido, la reciente evaluación y síntesis públicada con el título ¿A dónde va el Sector Público? Del Estado de Bienestar al Bienestar con menos Estado, de la que es autor el profesor Manuel-Jesús González, que ha sido editada como un informe del Instituto de Estudios y Análisis Económicos por la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de Economía y Hacienda (Madrid, 1994), y que sobresale por su imparcialidad y por incluir los más importantes puntos subjetivistas que estamos repasando brevemente en este Proyecto Docente. Igualmente, y de manera más resumida, pueden encontrarse mis argumentos sobre este tema en Jesús Huerta de Soto, “El Fracaso del Estado ‘Social'”, Estudios de Economía Política, cap. XVI, Madrid, 1994. Un análisis realizado desde la ortodoxia neoclásica y más partidario del intervencionismo estatal es el efectuado por el profesor Antoni Castells de la Universidad de Barcelona titulado “Los Límites del Estado del Bienestar Tradicional” y publicado en Crisis Económica y Estado del Bienestar, Varios Autores, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1989, pp. 55-87. La crítica al Estado del Bienestar ha pasado a ser compartida incluso por la propia Iglesia Católica, nada sospechosa en este campo y que siempre tiende a diagnosticar, con un cierto retraso, los problemas sociales. Así, Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, dice que “conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado”, por lo que critica al Estado asistencial o “solidario” que “al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos”. Véase Juan Pablo II, Centesimus Annus: En el Centenario de la “Rerum Novarum”, Promoción Popular Cristiana, Madrid, 1991, capítulo V, nº 48, 5º párrafo, p. 92. Juan Pablo II igualmente señala que son cinco las funciones esenciales que justifican la existencia del Estado, siendo la primera de todas ellas la de garantizar la seguridad de la libertad individual y de la propiedad, de manera que “quien trabaja y produce pueda disfrutar del fruto de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente”, añadiendo con carácter adicional que, “el Estado sólo debe intervenir en circunstancias de excepcional urgencia, de manera temporal y siempre sobre la base del principio de subsidiariedad con la sociedad civil” (Centesimus Annus, ob. cit., capítulo V, nº 48, p. 90-91).

(94)Jesús Huerta de Soto, “The Crisis and Reform of the Social Security: An Economic Analysis from the Austrian Perspective”, en el Journal des Économistes et des Études Humaines, París y Aix-en-Provence, vol. 5, nº 1, marzo de 1994, pp. 127-155 (existe una versión castellana publicada en mis Estudios de Economía Política, ob. cit., cap. XXII), en donde se efectúa un diagnóstico de la actual situación de la Seguridad Social y se establece un proyecto de reforma a través de una serie de etapas que, basado en el contracting out voluntario, permitiría a lo largo de una generación la solución de la mayor parte de los actuales problemas.

(95)Un buen resumen de las diversas políticas de privatización aplicadas hasta la fecha y de la bibliografía más relevante puede encontrarse en Jesús Ruza, La Privatización y la Reforma del Sector Público, Minerva Ediciones, Madrid, 1994.

(96)James M. Buchanan, “Public Debt”, en The New Palgrave: A Dictionary of Economics, volumen III, ob. cit., pp. 1044-1047 y, en la misma línea, el artículo de Francisco Cabrillo Rodríguez “La Monetización a Largo Plazo del Déficit Público”, publicado en Papeles de Economía Española, nº 23, año 1985, pp. 404-407. Este tipo de análisis, además de criticar las doctrinas keynesianas sobre la deuda pública, han puesto de manifiesto los puntos débiles del denominado teorema ricardiano de equivalencia y que mantiene la supuesta irrelevancia de financiar vía impuestos o vía deuda pública los gastos del Estado.

(97)“If the government invests funds unsuccessfully and no surplus results, or if it spends the money for current expenditures, the capital borrowed shrinks or disappears entirely, and no source is opened from which interest and principal could be paid. Then taxing the people is the only method available for complying with the articles of the credit contract. In asking taxes for such payments, the government makes the citizens answerable for money squandered in the past. The taxes paid are not compensated by any present service rendered by the government apparatus. The government pays interest on capital which has been consumed and no longer exists. Treasury is burdened with the unfortunate results of past policies”, Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, ob. cit., pp. 226-227.