Pandemias: burocracia y coacción gubernamental sistemáticas versus coordinación social espontánea

El Teorema de la imposibilidad del socialismo y su aplicación a la crisis actual

La reacción de los diferentes gobiernos y autoridades públicas del mundo (y en especial de nuestro propio país, España) ante el surgimiento y evolución de la Pandemia de COVID-19, las medidas de intervención que han tomado de forma sucesiva, y el seguimiento de los efectos de las mismas, constituyen una oportunidad única para todo teórico de la economía que desee constatar, comprobar y aplicar en un caso histórico que nos es muy cercano y relevante, el contenido esencial y las principales implicaciones del “Teorema de la imposibilidad del socialismo” articulado por primera vez por Ludwig von Mises hace ya cien años[10]. Es cierto que el desmoronamiento de la extinta Unión Soviética y del socialismo real así como la crisis del Estado del Bienestar ya habían ilustrado suficientemente el triunfo del análisis de los economistas de la Escuela Austriaca en el histórico debate sobre la imposibilidad del socialismo. Pero la trágica irrupción de la Pandemia de COVID-19 nos ha ofrecido un ejemplo real más, en este caso ahora mucho más concreto y próximo a nosotros, que de forma excelente ilustra y confirma lo ya indicado por la teoría, a saber: que es teóricamente imposible que un planificador central pueda dar un contenido coordinador a sus mandatos, no importa lo necesarios que parezcan, lo noble que sea el objetivo que se persiga ni la buena fe  y esfuerzo que se hayan puesto en la consecución de los mismos[11].

Dado el impacto mundial de la actual Pandemia, que ha afectado a todos los países con independencia de su tradición, cultura, nivel económico y sistema político, se evidencia la plena aplicabilidad del teorema descubierto por Mises a toda medida coactiva de intervención estatal, por lo que el mismo se generaliza como “Teorema de la imposibilidad del estatismo”. Es cierto que existen diferencias notables en cuanto a las medidas de intervención llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Sin embargo, aunque la gestión de unos y otros gobiernos haya podido ser mejor o peor, en realidad las diferencias han sido más de grado que de clase, pues los gobiernos no pueden disociarse de la esencia coactiva que llevan en su ADN, y que es su más íntima característica, y cuando la ejercen, y precisamente en la medida en que la ejerzan, surgen y se reproducen ineludiblemente todos los efectos negativos previstos por la teoría. No se trata, por tanto, de que unos gobernantes sean más ineptos que otros (lo cual es, sin duda, el caso en España[12]), sino de que todos ellos están abocados al fracaso cuando se empeñan en coordinar la sociedad utilizando su poder y mandatos coactivos. Y este es quizás el mensaje más importante que la teoría económica debe transmitir a la población: que los problemas surgen inevitablemente del ejercicio del poder coactivo de los estados, con independencia de que el político de turno lo pueda hacer mejor o peor.

Aunque este artículo trata con carácter general del análisis económico de las pandemias, nos vamos a centrar, casi exclusivamente, en las implicaciones de la actual Pandemia cara al “Teorema de la imposibilidad del estatismo-socialismo”. Esto es así, no solo por la proximidad cronológica y personal de los hechos para cualquier lector actual, sino además porque los modelos de intervención llevados a cabo en otras pandemias nos pillan muy alejados en la historia, y aunque también quepa identificar muchos de los fenómenos de los que recientemente hemos sido testigos (por ejemplo, la manipulación informativa de los estados aliados durante la pandemia de gripe de 1918, precisamente mal llamada “española” por este motivo), sin duda su valor añadido como ilustración del análisis teórico es hoy más reducido.

Como se explica con detalle en mi libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial, y especialmente en su capítulo III que debe darse aquí por reproducido[13], la ciencia económica ha demostrado que es teóricamente imposible que el Estado pueda funcionar de una manera dinámicamente eficiente pues siempre se encuentra en una situación de ignorancia inerradicable que le imposibilita dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y ello debido básicamente a los siguientes cuatro motivos, que enumeramos a continuación de menos a más importantes:

En primer lugar, dado el inmenso volumen de información y conocimientos que precisa, no de tipo técnico o científico, que también, sino, sobre todo, sobre infinidad de circunstancias personales y particulares de tiempo y lugar (conocimiento “práctico”); en segundo lugar, dado el carácter esencialmente subjetivo, tácito, práctico y no articulable de dicha información o conocimiento, lo que determina su carácter intransferible al órgano estatal de decisión y planificación central; en tercer lugar, porque este conocimiento o información no está dado ni es estático, sino que, por el contrario está continuamente cambiando como consecuencia de la innata capacidad creativa del ser humano y la continua mutación de las circunstancias que le rodean, lo cual produce un doble efecto sobre las autoridades: siempre llegan tarde, pues para cuando digieren la escasa y sesgada información que reciben esta ya está obsoleta; y no pueden acertar con sus mandatos cara al futuro, pues éste depende de una información práctica que aún no ha surgido pues todavía no ha sido creada. Y, como hemos visto, en cuarto, y último lugar, no olvidemos que el Estado es coacción (esta es su más íntima característica) y, por tanto, al imponerse sus mandatos por la fuerza en cualquier parcela social, se obstaculiza e incluso bloquea la creación y surgimiento del conocimiento o información que precisamente el Estado necesita como “agua de mayo” para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Se entiende ahora la gran paradoja del intervencionismo estatista[14] pues invariablemente tiende a producir unos resultados contrarios a los que se propone alcanzar. Así, con carácter típico y generalizado surgen por doquier los desajustes y descoordinaciones, el actuar sistemáticamente irresponsable por parte de la autoridad (que ni siquiera se da cuenta de lo ciega que está respecto de la información que no posee y los verdaderos costes en que incurre con sus decisiones), la generación continua de escasez, desabastecimiento y mala calidad de los recursos que trata de movilizar y controlar, la manipulación informativa para reforzarse políticamente y la corrupción de los principios esenciales del Estado de Derecho. El surgimiento de todos estos fenómenos se ha podido constatar de manera sucesiva, concatenada e inevitable desde que apareció la Pandemia y el Estado se movilizó para luchar contra ella y no resultan, repetimos, de una mala praxis de los gestores públicos sino que son inherentes al sistema basado en el uso sistemático de la coacción para planificar y tratar de solucionar los problemas sociales.

Por vía de ejemplo, recomendamos al lector que lea con detalle el trabajo de investigación elaborado por José Manuel Romero y Oriol Güell con el título de “El libro blanco de la Pandemia”[15], a la luz del análisis teórico que estamos presentando sobre la imposibilidad del estatismo. Prácticamente ahí se ilustran, paso a paso, todas las carencias e insuficiencias del estatismo, aunque los autores, periodistas de profesión, piensen ingenuamente que su descripción de los hechos habrá de servir para evitar que se cometan en el futuro los mismos errores, sin que acierten a entender que estos tuvieron su origen, más que en errores políticos o de gestión, en la propia lógica del sistema de regulación, planificación y coacción estatal que siempre genera, por una u otra vía, los mismos efectos de descoordinación, ineficiencia e injusticia. Así, y como botón de muestra entre otros muchos ejemplos, podemos referir la cronología de los hechos perfectamente descrita por los autores, y las semanas preciosas que se perdieron cuando ya desde el trece de febrero de 2020, los médicos del hospital público de Valencia Arnau de Vilanova lucharon sin éxito por obtener autorización de las autoridades sanitarias de la Comunidad (y del Estado) para que se hicieran las pruebas de coronavirus a las muestras que habían tomado de un paciente de 69 años que había fallecido con síntomas que ellos sospechaban podían ser de Covid-19. Pero se estrellaron con la dura realidad: los correspondientes órganos de planificación central sanitaria (Ministerio de Sanidad en Madrid y Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma) denegaron reiteradamente la autorización pues el paciente sospechoso (que muchas semanas después sí que se demostró que había fallecido por Covid) no reunía las condiciones que previamente (el 24 de enero) habían sido fijadas por la autoridad, a saber: haber viajado a Wuhan en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas o haber estado en contacto con personas diagnosticadas con la enfermedad. Obviamente, en un sistema descentralizado de libertad de empresa y que no restringiera la iniciativa y creatividad de los actores implicados tal error garrafal no se habría producido, con lo cual se habrían ganado unas semanas claves de conocimiento de que el virus ya circulaba libremente por España y de medidas de prevención y lucha contra la pandemia (por ejemplo, se habrían podido cancelar, entre otras, las manifestaciones feministas del 8 de marzo).

También es muy notable el excelente libro de Mikel Buesa, que ya hemos citado,[16] a la hora de exponer (especialmente en sus páginas 118 y ss) la letanía de errores, descoordinaciones, corrupción, manipulación de la información, conculcación de derechos y mentiras que de manera ineludible y natural surgieron de la actividad de los diferentes niveles del Estado a la hora de enfrentarse a la Pandemia. Así, por ejemplo, cómo “las órdenes de incautación del material sanitario fueron interpretadas, como es lógico, por los fabricantes españoles como un ataque a su economía empresarial, dando lugar a una paralización de la producción y de las importaciones” (p. 109), justo en el momento en el que más urgente era proteger del contagio a los médicos y personal sanitario que se enfrentaban cada día a su trabajo sin los necesarios medios de protección. O, de qué manera las requisas que se produjeron en las aduanas por orden del Estado, hicieron que se perdieran pedidos de millones de mascarillas, cuando los correspondientes proveedores prefirieron enviarlas a otros clientes por miedo a que el Gobierno se incautara de la mercancía (ibídem). O el caso, uno entre muchos otros, del fabricante gallego que tenía paralizado su material en un almacén, por orden del Estado, sin que nadie se lo reclamara (pp. 110-111). O el caso de las empresas españolas especializadas en la fabricación de PCR’s y cuyas existencias y producción fueron intervenidas por el Estado, por lo que no pudieron fabricar más de 60.000 PCR diarias ni atender la demanda nacional y extranjera (p. 119); y ello agravado por el cuello de botella derivado de la inexistencia de bastoncillos de extracción de muestras, que se hubiera podido solucionar de inmediato de haber dejado libertad a los productores españoles (p. 114). O el desabastecimiento generalizado que presidió el mercado de mascarillas, geles desinfectantes y guantes de nitrilo como resultado de la regulación estatal y de la fijación de precios máximos, y todo ello durante los meses de máxima propagación del virus (p. 116).[17] O como, de 971 millones de unidades de diferentes productos (mascarillas, guantes, batas, dispositivos de ventilación y diagnósticos, etc., etc.) que se habían adquirido desde el mes de marzo, a septiembre de 2020 solo se había logrado distribuir 226 millones, permaneciendo el resto almacenado “muerto de risa” en múltiples naves industriales (p. 118). Y así sucesivamente, en un rosario sin fin que más parece la descripción de las ineficiencias sistemáticas de producción y distribución en la extinta Unión Soviética durante el siglo pasado y que llevaron al desmoronamiento definitivo del régimen comunista a partir de 1989.[18] Y repetimos, todo esto se debió, no a la falta de trabajo, gestión e incluso buena fe de nuestros gobernantes, sino a su carencia de los más elementales conocimientos de economía (y ello a pesar de contar con profesores de filosofía e incluso con “doctores” en nuestra disciplina a la cabeza del Gobierno). Por lo que no debe extrañar que en un momento de máxima urgencia y gravedad apostaran, como siempre hacen los gobernantes, porque ese es precisamente su rol o papel en el entramado estatal, por la coacción, la regulación, la confiscación, etc., en vez de por la libertad de empresa, de producción y distribución, y de apoyar, en vez de obstaculizar, la iniciativa privada y el libre ejercicio de la función empresarial.

Otros efectos colaterales del estatismo previstos por la teoría

Aparte de los efectos básicos de desajuste, descoordinación, actuar irresponsable y carencia de cálculo económico, el estatismo genera toda una serie de efectos negativos adicionales que también pueden estudiarse en la parte final del capítulo III de mi libro sobre el Socialismo.[19] Así, otra característica típica del estatismo y de las autoridades que lo encarnan es su intento de aprovechar las crisis, en este caso la creada por la Pandemia, no solo para mantener sino, sobre todo, para incrementar aún más su poder, valiéndose de la propaganda política para manipular e incluso engañar sistemáticamente a los ciudadanos con ese fin.[20] Por ejemplo, y ya desde el surgimiento de la Pandemia, las autoridades chinas, primero trataron de ocultar el problema, persiguiendo y hostigando a los médicos que lo habían denunciado, y después emprendieron una descarada campaña de minoración de los fallecidos, ocultamiento y falta de transparencia que ha durado, al menos hasta hoy, pues en estos momentos (enero de 2021), es decir, más de un año después del surgimiento de la Pandemia, el Gobierno Chino todavía no ha permitido el acceso a su país de la comisión internacional organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar de forma independiente el verdadero origen de la Pandemia.

En el caso del Estado español han quedado documentadas en los trabajos citados múltiples mentiras deliberada y sistemáticamente lanzadas en forma de propaganda política para manipular y engañar a la ciudadanía, de manera que esta no pudiera apreciar el verdadero coste de la gestión gubernamental. Entre ellas, por su importancia, destacamos las siguientes: primero, el número real de fallecidos (de acuerdo con Mikel Buesa solo se han reportado el 56,4 por ciento de un total hasta la fecha próximo a 90.000 -p. 76-); segundo, el total de realmente contagiados (dependiendo del momento de la Pandemia entre cinco y diez veces más de los casos reportados); y tercero, los datos falsos, inflados en un 50 por ciento, facilitados deliberadamente por el Gobierno al Financial Times a finales de marzo 2020, sobre el número de pruebas PCR realizadas (355.000 en vez de las 235.000 reales) y después utilizados públicamente por el propio Gobierno para jactarse de ser uno de los países con más pruebas efectuadas (por ejemplo, p. 113 del libro de Buesa).

Hay que tener en cuenta que los Estados en general, y sus gobiernos en particular, siempre se centran en conseguir sus objetivos de una manera extensiva y voluntarista[21] al pretender que por la mera voluntad coactiva plasmada en sus mandatos y reglamentos se logren los fines propuestos. Extensiva, en cuanto a que el logro de los objetivos perseguidos solo se valora en base a los parámetros más fácilmente medibles, en este caso el número de fallecidos que, curiosamente, se han minorado en las estadísticas oficiales, como hemos visto, en casi la mitad. Y en cuanto a la prostitución de la ley y la justicia, que también es típica consecuencia colateral del socialismo[22], Buesa documenta con detalle el abuso de poder y el uso torticero y anticonstitucional del Estado de Alarma, cuando lo que hubiera procedido era la declaración de un verdadero Estado de Excepción, con todas las garantías de control previstas en la Constitución, despreciándose así tanto el denominado “Estado de Derecho” como el contenido esencial de la misma (Buesa, pp. 96-108 y 122).

Mención aparte merece la dependencia y complicidad respecto del Estado de todo un corifeo de científicos, “expertos” e intelectuales, dependientes del poder político y que se dedica a dar un supuesto respaldo científico a todas las decisiones emanadas del mismo, utilizándose así la aureola de la ciencia para dejar desarmada e indefensa a la sociedad civil. Y es que la “ingeniería social” o socialismo cientista es una de las manifestaciones más típicas y perversas del estatismo pues, por un lado pretende justificar que los expertos, por su supuesto mayor nivel de formación y conocimientos, están legitimados para dirigir nuestras vidas y, por otro, se pretende bloquear cualquier queja u oposición, trayendo simplemente a colación el supuesto respaldo de la ciencia. En suma, los gobiernos nos hacen creer que, en virtud del supuesto mayor conocimiento y superioridad intelectual de sus asesores científicos respecto del resto de los ciudadanos de a pie, está legitimado para moldear la sociedad a su antojo mediante mandatos coactivos. En otro lugar[23] me he referido a la letanía de errores en que cae esta “borrachera de poder” alimentada por la fatal arrogancia de los “expertos” y técnicos, y que tiene su origen en el error fundamental de pensar que la información práctica dispersa que constantemente crean y transmiten los actores en el proceso social, puede llegar a ser conocida, articulada, almacenada y analizada de manera centralizada por medios científicos, lo cual es teórica y prácticamente imposible[24].

 

Pandemias: sociedad libre y economía de mercado

No puede conocerse a priori como una sociedad libre, no atenazada por la coacción sistemática del intervencionismo estatal, se enfrentaría ante una Pandemia de la gravedad de la actual y que, sin duda alguna, no dejaría de tener también un profundo impacto sobre la misma en términos económicos y sanitarios. Pero es claro que la reacción del cuerpo social se basaría en la creatividad empresarial y en la solución, en términos de eficiencia dinámica, a la hora de detectar y superar los problemas conforme fueran presentándose. Y precisamente es este ímpetu de la creatividad empresarial el que nos impide conocer el detalle de las soluciones que se tomarían, pues la información empresarial que aún no ha sido creada por impedirlo la coacción estatal monopolista, no puede saberse y conocerse hoy, aunque a la vez nos da seguridad de que los problemas tenderían a ser detectados y resueltos de forma muy ágil y eficiente[25]. Es decir, como venimos analizando, justo al revés de lo que sucede con el Estado y con la acción combinada de sus políticos y burócratas, no importa la buena fe y el trabajo que pongan en sus esfuerzos. Y aunque no podemos siquiera imaginar la enorme variedad, riqueza e ingenio que se movilizarían en pos de hacer frente a los problemas derivados de una pandemia en una sociedad libre, disponemos de múltiples indicios que nos permiten hacernos una idea siquiera aproximada del escenario completamente diferente que surgiría en un entorno no coaccionado por el Estado[26].

Así, por ejemplo, frente a los confinamientos absolutos y omnicomprensivos -y el concomitante parón forzoso de la economía- (que tuvieron su origen, no debe olvidarse, nada más y nada menos que en la China comunista), en una sociedad libre preponderarían medidas mucho más descentralizadas y de tipo desagregado y “micro”, como los confinamientos selectivos a nivel de urbanizaciones (privadas), barrios, comunidades, empresas, residencias, etc. Frente a la censura durante las semanas clave de inicio de la Pandemia (y persecución de aquellos que la destaparon), la información se filtraría libre y eficientemente con enorme velocidad. Frente a la lentitud y torpeza a la hora de controlar, haciendo pruebas, a los posibles contagiados, ya desde un principio, los empresarios y propietarios de hospitales, residencias, aeropuertos, estaciones, medios de transporte, etc., por su propio interés y el de sus clientes, las introducirían de inmediato y con gran agilidad. Salvo en momentos muy puntuales, en una sociedad y mercado libres no surgirían problemas graves de desabastecimiento ni cuellos de botella. No se desaconsejaría el uso de mascarillas, cuando medio mundo viene utilizándolas con buenos resultados, ni después se impondría su uso de forma alocada en todas las circunstancias. El ingenio empresarial se centraría en probar, descubrir e innovar soluciones, de manera policéntrica y competitiva y no, como ahora en que la planificación central y monopolista del Estado bloquea y adormece la mayor parte del potencial creativo de la humanidad[27]. Y no mencionemos la enorme ventaja y diferencia a la hora de investigar y descubrir remedios y vacunas que tiene la iniciativa individual y la empresa privada, pues incluso en las actuales circunstancias los Estados se han visto obligados a recurrir a ellas para hacerse rápidamente con las mismas, ante el clamoroso fracaso de sus rimbombantes y bien financiados institutos públicos de investigación a la hora de ofrecer a tiempo soluciones efectivas[28]. Y lo mismo cabría decir respecto de la mucha mayor agilidad y eficiencia de las redes privadas de sanidad (compañías de seguros sanitarios, hospitales privados, instituciones religiosas, fundaciones de todo tipo, etc.), con la posibilidad adicional de extenderse con mucha mayor elasticidad y rapidez en épocas de crisis (ha de recordarse, por vía de ejemplo, que curiosamente, casi el 80 por ciento de los propios funcionarios del Estado – incluyendo a la vicepresidenta del Gobierno Socialista – eligen en libertad la sanidad privada frente a la pública, sin que injustamente se de esta opción al resto de sus  conciudadanos españoles, a pesar de lo cual, al menos una cuarta parte de los mismos han asumido el sacrificio que supone el coste adicional de contratarse una póliza privada de salud). Y así sucesivamente, etc., etc.[29].

 

Servilismo y obediencia ciudadana

Como conclusión de este apartado, quizás convendría plantearse el porqué, a pesar de todas las insuficiencias, carencias y contradicciones inherentes a la gestión estatal puestas de manifiesto por el análisis económico[30], sin embargo la mayor parte de los ciudadanos, seducidos por sus políticos y autoridades públicas, los siguen obedeciendo con tanta resignación como disciplina. Ya desde que apareció su Discurso de la servidumbre voluntaria en 1574, Etienne de la Boétie[31] identificó cuatro factores explicativos del servilismo ciudadano respecto de gobernantes y autoridades, que siguen teniendo aún hoy plena actualidad: la costumbre de obedecer a alguien que, aun de origen tribal y familiar, se extrapola a nivel de toda la sociedad; la perenne auto presentación del poder político con un marchamo “sagrado” (nombramiento divino en el pasado, soberanía popular y apoyo democrático hoy) que legitimaría la supuesta obligación de obedecer; la constante creación de un numeroso grupo de incondicionales (antes “guardias pretorianas”, hoy expertos, funcionarios, etc.) que dependen del poder político para subsistir y continuamente lo apoyan, jalean y sustentan; la compra, en fin, del apoyo popular mediante la continua concesión de subvenciones (antes rentas y premios, hoy, por ejemplo, prestaciones del interesadamente denominado “Estado del Bienestar”), que hacen a los ciudadanos progresiva e irreversiblemente dependientes del poder político. Si a esto añadimos el miedo (que incita el propio estado) y que genera la petición de que el gobernante haga algo, especialmente en épocas de crisis graves (guerras, pandemias), se explica el crecimiento y consolidación del comportamiento servil por parte de los ciudadanos, y sobre todo en este tipo de situaciones. Pero a poco que se profundice en términos teóricos y filosóficos se pone de manifiesto la falta de legitimidad moral y ética de la autoridad especial que se atribuye al Estado. Así lo ha demostrado, entre muchos otros y por ejemplo, Michael Huemer en su libro titulado El problema de la autoridad política.[32] Obviamente no podemos aquí desarrollar este grave problema que es la base, sin duda alguna, de la principal crisis social de nuestro tiempo (y, en cierto sentido, de todos los tiempos). Pero en el contexto del análisis económico de las pandemias que estamos efectuando, lo que si podemos constatar es que existe un “virus” incluso aún más letal que el de la actual Pandemia, y que no es otro que el estatismo “que infecta el alma humana y nos ha contagiado a todos”.[33]

 

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[10] Ludwig von Mises, “Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen”, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, nº 47, 1920, pp. 86-121.

[11] Otra ilustración histórica concreta, en este caso acaecida al otro lado del telón de acero durante los últimos años de comunismo soviético, fue la explosión de la central atómica de Chernobil el 26 de abril de 1986, que ha dado lugar a ríos de tinta en comentarios y análisis, y cuyo contexto y principales vicisitudes están admirablemente expuestos en la serie Chernobil producida y distribuida en cinco capítulos por HBO-SKY a partir de 2019, y que se ha convertido en la miniserie televisiva más valorada de la historia.

[12] Véase, por ejemplo, Mikel Buesa, Abuso, de poder: el coronavirus en España. Incompetencia y fracaso en la gestión de la crisis, Marcial Pons, Madrid 2020.

[13] Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 6ª edición, Madrid 2020, especialmente pp. 87-155.

[14] “La irresolube paradoja del estatismo es que cuanto más se empeña el órgano director en planificar o controlar una determinada parcela de la vida social, menos posibilidades tendrá de lograr sus objetivos, al no poder hacerse con la información necesaria para organizar coordinadamente la sociedad, creando además nuevos y más graves desajustes y distorsiones, precisamente en la medida en que su coacción sea ejercida de forma más efectiva y más se limite con ello la libre capacidad empresarial de los seres humanos”, ibídem, p. 103.

[15] Publicado en diversas entregas por el diario El País, 14 y 21 de junio de 2020.

[16] Mikel Buesa, Abuso de poder: El coronavirus en España. Incompetencia y fracaso en la gestión de la crisis, ob. cit. El profesor Buesa, sin embargo, pone el acento en la incompetencia más que en el propio sistema, como causa de los errores, y en la parte final de su por otro lado excelente trabajo, prácticamente solo propone, salvo en relación con el mercado de trabajo, más políticas activas de tipo estatal para hacer las cosas mejor y salir de la crisis (!). Todo ello dejando aparte la errónea interpretación keynesiana que hace de la misma en la p. 203.

[17] Como es bien sabido, los precios máximos generan desabastecimiento, escasez y mercado negro. En caso de necesitar urgentemente un producto (por ejemplo mascarillas) la única política sensata es liberalizar los precios para que suban lo preciso e incitar a su producción masiva hasta que se satisfaga el incremento de demanda y solucione el problema, manifestando la experiencia que muy pronto los precios vuelven a su nivel previo (en todo caso, mucho antes de que por vía pública se logre el necesario incremento de producción que siempre, a diferencia de lo que ocurre en un mercado libre, llega tarde, a “cuenta gotas” y con muy baja calidad). El argumento, por tanto, de que los altos precios no son equitativos, carece de sentido pues la alternativa es mucho peor: desabastecimiento mucho más prolongado, mercado negro y baja calidad; si se quiere asegurar que los más desfavorecidos puedan adquirir mascarillas a bajo precio y cuanto antes hay que permitir que el precio suba, de entrada, todo lo que determine el mercado.

[18] En el momento de escribir estas líneas se están repitiendo de nuevo todos estos problemas que hemos visto en el proceso, lento y descoordinado (también monopolizado por las autoridades públicas con total exclusión de la iniciativa privada) en relación con la distribución y vacunación de Covid-19 a toda la población. Véase Hans-Werner Sinn, “La debacle vacunatoria en Europa”, Expansión, lunes 1 de febrero de 2021, página 38.

[19] Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, ob.cit., pp. 110-135.

[20] “El sistema socialista tenderá a abusar de la propaganda de tipo político, en la que se intentará dar una versión idílica de los efectos de los mandatos del órgano director sobre el cuerpo social, resaltando especialmente lo negativas que serían las consecuencias sociales de no existir tal intervención. El engaño sistemático a la población, la distorsión de los hechos […] para convencer al público de que es preciso que el poder se mantenga y se refuerce, etc., son todas ellas características típicas del efecto perverso y corruptor que el socialismo siempre tiene sobre sus propios órganos o centros de poder”. Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, ob.cit, p. 122. De nuevo, la actuación de los Gobiernos queda reflejada en la inquietante pregunta que pone fin a la serie Chernóbil ya comentada: “¿Cuál ha sido el verdadero coste de las mentiras?”.

[21] Ibidem, p. 117.

[22] Ibidem, pp. 126-133.

[23] Ibidem, pp. 142-146.

[24] Los continuos desajustes que genera el intervencionismo suelen ser atribuidos por expertos y gobernantes a la “falta de colaboración” ciudadana y se utilizan como una justificación más para nuevas dosis de coacción institucional en un proceso de crecimiento totalitario del poder que, ante el crecimiento de la descoordinación, suele venir acompañado de continuos “bandazos o cambios súbitos de política, sea modificando radicalmente el contenido de los mandatos, el área sobre la que se aplican o ambas y todo ello con la vana esperanza de que la «experimentación» asistemática de nuevos tipos y grados de intervencionismo permita solventar los insolubles problemas planteados”. Quizás el bochornoso episodio de las mascarillas, primero desaconsejadas por los expertos, para dos meses después ser consideradas imprescindibles y declaradas obligatorias incluso al aire libre (!), sea una ilustración perfecta de este punto. Véase, Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, ob.cit., pp. 112-113. Véase, igualmente, “Macron y la vacunación”, El País, domingo 10 de enero de 2021, p. 10. Y todo ello sin necesidad de mencionar la trágica realidad de la discriminación a la que sometieron las autoridades públicas a las residencias de ancianos o al hecho de que, en los momentos más críticos de la Pandemia, en muchas ocasiones fuera un funcionario (médico de hospital público) el que decidía que pacientes críticos de Covid-19 merecían o no vivir.

[25] Israel Kirzner, Discovery and the Capitalist Process, The University of Chicago Press, Chicago y Londres 1985, p. 168.

[26] Por ejemplo, la utilización por parte de la empresa privada INDITEX (“Zara”) de sus centros de logística y transporte con China permitieron traer a España en un tiempo record más de 35 millones de unidades de protección sanitaria (además de 1.200 respiradores) que utilizando los canales públicos habituales habrían llegado mucho más tarde y en peores condiciones. O el caso del restaurante “Coque”, con dos estrellas de la Guía Michelín, que elaboró y repartió en Madrid miles de comidas para los necesitados y afectados por la Pandemia, etc., etc.

[27] Véase, entre otros muchos, el clásico artículo de F. A. Hayek, “Competition as a Discovery Procedure”, en New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Routledge, Londres 1978.

[28] Los gobiernos continuamente, y utilizando un doble rasero, denuncian de inmediato cualquier fallo por pequeño que sea del sector privado, cuando los fallos, muchos más grandes y clamorosos del sector público, se consideren como la prueba definitiva de que no se gasta lo suficiente y de que hay que incrementar más su tamaño, el gasto público y los impuestos.

[29] Como es obvio, aquellas autoridades públicas que relativamente han intervenido y coaccionado algo menos a sus ciudadanos, como es el caso de Hong Kong, Corea, Singapur o, más próximo a nosotros, de la Comunidad Autónoma de Madrid, aun no habiendo podido desembarazarse del todo de los problemas irresolubles del intervencionismo estatal, tienden a lograr resultados comparativamente más positivos, lo cual constituye también un indicio e ilustración adicionales a los que ya hemos comentado en el texto principal. Incidentalmente, el popular dicho de que “media España se dedica a regular, inspeccionar o sancionar a la otra media” y que tiene un gran trasfondo de verdad, indica que, al menos un efecto positivo del confinamiento y parón radical ha consistido, precisamente, en la tregua de presión que en este ámbito ha podido sentir, al menos parcialmente y durante algunos meses, la sociedad civil.

[30] No hemos hecho referencia en el texto principal a las contribuciones de la denominada “Escuela de la Elección Pública” (Public Choice School) que sobre los fallos de la gestión pública democrática (especialmente los denominados efectos de la racionalidad de la ignorancia del votante, el papel perverso de los grupos privilegiados de interés, la miopía y cortoplacismo gubernamental y el carácter megalómano e ineficiente de las burocracias) tanto predicamento alcanzó a partir de los años 80 del siglo pasado (cuando su principal y pionero impulsor James M. Buchanan obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1986) y que deben darse aquí por reproducidas (véase además la bibliografía que cito en la nota 25 de la p. 121 de mi libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial, ob.cit.).

[31] Existen diversas ediciones en español, por ejemplo, la de Pedro Lomba, publicada en Madrid en septiembre de 2019 por Editorial Trotta.

[32] Traducido por Javier Serrano y publicado por Editorial Planeta-Deusto, en Bilbao en 2019. El libro lleva el sugerente subtítulo de “Un ensayo sobre el derecho a la coacción por parte del Estado y sobre el deber de la obediencia por parte de los ciudadanos”.

[33] Jesús Huerta de Soto, “Il virus più letale”, Il Giornale, Milán, 14 de mayo de 2020, pp. 1 y 24. Versión publicada posteriormente en español, “El virus más letal”, Procesos de Mercado, vol. XVII, nº 1, Primavera 2020, pp.439-441.